El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha presentado un informe en el que hace una radiografía sobre la situación laboral de las personas extranjeras en España. Entre otras cuestiones, el informe revela que, en los próximos años, España necesita incorporar entre 250.000 y 300.000 trabajadores extranjeros para sostener el sistema de bienestar.
Otro dato interesante que se extrae de dicho informe es que el 40,1% del empleo que se creó en 2024 corresponde a trabajadores extranjeros, un crecimiento más rápido que el que registra el empleo de los nacionales españoles. Asimismo, el informe muestra que el impacto de la población extranjera es muy importante, sobre todo, en regiones como Madrid, Cataluña y la Comunidad Valenciana.
Sin embargo, a día de hoy, sigue habiendo normativas que afectan a importantes sectores empresariales que no solo no siguen esta línea de inclusión, sino que constituyen una gran contradicción frente a la realidad actual. Un ejemplo claro es el sector de las piscinas, centrado en la contratación de socorristas en la Comunidad de Madrid.
Pese a la evidencia de que es necesario contar con trabajadores extranjeros para sostener el sistema de bienestar, y pese a que el sector del socorrismo es uno de los que más empleados extranjeros podría incorporar, la Comunidad de Madrid parece nadar a contracorriente.
¿Qué sucede con los socorristas extranjeros en Madrid?
Los datos que desprende el informe elaborado por el Ministerio de Inclusión hacen que sea muy urgente revisar la normativa que regula la formación mínima necesaria para trabajar como socorrista en piscinas e instalaciones acuáticas en Madrid.
Actualmente, la ordenanza dificulta que los socorristas procedentes de otras comunidades o de otros países vengan a trabajar a Madrid, puesto que exige que, para trabajar en esta comunidad, obtengan su titulación físicamente en ella.
Esto conlleva una serie de dificultades logísticas y económicas que reducen significativamente la cantidad de socorristas habilitados para cubrir las piscinas madrileñas, especialmente, en el caso de personal extranjero.
Es decir, a pesar de que se necesitan miles de trabajadores extranjeros y a pesar de que, si no existiese la dificultad actual, muchos de ellos podrían desarrollar su actividad profesional en las piscinas de Madrid, la normativa comunitaria lo impide.
Unas consecuencias nefastas para quienes deberían estar protegidos
Una situación que se traduce en una importante falta de socorristas para cubrir las necesidades de las piscinas de la Comunidad de Madrid, lo que pone en riesgo la propia seguridad de los bañistas.
Y, por otra parte, provoca que haya un elevado número de socorristas trabajando en situación irregular por la falta de acción de la Consejería de Sanidad para buscar soluciones en este sentido. Estas irregularidades, además, pueden acarrear problemas a las propias comunidades de propietarios, debido a que es en ellas en las que recae la responsabilidad civil subsidiaria en caso de que haya incumplimientos legales o irregularidades laborales.
En definitiva, el empeño que parecen tener las autoridades madrileñas en empeorar una situación que, claramente, se debe resolver, y se puede resolver, solo trae consecuencias negativas tanto para las empresas como para las personas y los empleados.
En muchos casos, como ocurre en el sector de las piscinas, no pueden desempeñar su actividad profesional y contribuir a mejorar nuestro sistema de bienestar simplemente por una cabezonería de carácter político y normativo.
