La Asociación de Empresarios de Mantenimiento Profesional de Instalaciones Acuáticas (EMPIA) denuncia públicamente, y con profundo hartazgo, la insostenible situación a la que se enfrentan las empresas del sector por tercer año consecutivo ante la inacción de las instituciones responsables.
Los permisos de trabajo para socorristas extranjeros, imprescindibles para cubrir la demanda estacional, están llegando tarde una vez más. En el mes de junio y con la temporada ya empezada, muchos profesionales aún no han podido incorporarse a sus puestos debido a que las citas en los consulados para la recogida de permisos se están concediendo en junio y julio, meses después del inicio oficial de la temporada de piscinas, que comienza en mayo.
Las consecuencias son inasumibles: más de 300 piscinas, que sepamos hasta la fecha, no podrán abrir o corren un alto riesgo de no hacerlo por falta de socorristas. Y lo que es más grave: se está comprometiendo la seguridad de los bañistas por una cuestión exclusivamente administrativa.
Un riesgo de apertura que no es nuevo
Desde EMPIA ya se advirtió de este problema a las autoridades competentes. En febrero se celebró una reunión con la Delegación del Gobierno, donde se nos aseguró la máxima predisposición posible para que los permisos estuvieran tramitados a tiempo. Sin embargo, la realidad es muy distinta: los plazos no se están cumpliendo y no se han habilitado mecanismos ágiles para resolver esta situación repetitiva e injustificable.
A esta problemática se suma una normativa de formación de la Comunidad de Madrid que tampoco contribuye a facilitar la contratación y acreditación de nuevos profesionales, dificultando aún más la cobertura de los puestos necesarios para garantizar el funcionamiento seguro de las instalaciones acuáticas.
Desde EMPIA exigimos respuestas y soluciones inmediatas. No podemos permitir que un año más la temporada de verano se vea condicionada por la descoordinación institucional, mientras las empresas del sector asumen pérdidas económicas y los ciudadanos ven limitado su acceso a servicios básicos de ocio y salud pública.
Es inadmisible que, después de más de tres años denunciando esta situación, sigamos sin respuestas eficaces.
